«Un emprendedor social va de la indignación a la acción»
Javier García – Blasquez, es especialista en desarrollo del talento. Cuenta con 20 años de experiencia en el campo de gestión de personas en las diversas localidades de la costa, sierra y selva del territorio peruano. En la actualidad es coordinador del “Protagonistas del Cambio UPC”.
Programa de responsabilidad social de la UPC con 7 años de trayectoria. Protagonistas reconoce y fortalece el espíritu innovador de los jóvenes emprendedores sociales de todo el país.
A continuación Javier, nos explica cuáles son los factores que se deben considerar para que un emprendimiento sea considerado social:
Recuerdo que hace algún tiempo, escuché a un emprendedor social decir “la diferencia entre un emprendedor tradicional y un emprendedor social es que nosotros vamos de la indignación a la acción y a ellos los mueve exclusivamente la oportunidad de negocio”.
Estas palabras me estimularon a la reflexión y en este proceso fui encontrando el propósito superior que envuelve a todo emprendedor social y ambiental. Ese propósito es precisamente “no quedarse de brazos cruzados”, es movilizarse para realizar un cambio, una transformación de la situación observada a la situación deseada. Este emprendimiento, en muchos casos, nace sin conocimientos previos, sin estudios de mercado, sin presupuesto y sin un norte empresarial muy definido. Sin embargo; sí emerge con una visión extremadamente clara de la problemática que necesita solucionar, la cual se convierte también en el combustible motivador que lo alimenta en su lucha por la transformación social para la construcción del mundo que queremos y nos merecemos.
Al emprendedor tradicional lo moviliza el objetivo de encontrar “el océano azul”, el mismo que se encuentra asociado con un desarrollo económico en la mayoría de los casos, con estudios previos o con un cuantioso capital más un olfato empresarial que lo determina a conquistar esa oportunidad.
Basándonos en esta reflexión, podemos visibilizar cómo el campo de acción del emprendimiento social y ambiental se aplica a diferentes líneas de impacto:
- medio ambiental,
- inclusión social,
- educación,
- salud,
- desarrollo económico y
- participación ciudadana.
Debido a que el concepto de emprendedor social es bastante nuevo, la mayoría de definiciones parten por indicar que son movimientos con un alto componente de innovación y que se desarrollan para lograr una transformación social. Sin embargo, no existe un consenso para explicar el concepto de modelo de negocio, puesto que algunas definiciones indican que si bien el modelo es de alto impacto social, debe tener un marcado brazo financiero (un ingreso constante aunque no necesariamente fijo). En este grupo se ubican las empresas sociales, las empresas híbridas y las empresas con propósito. Otras corrientes son más inclusivas e integran en este grupo a las congregaciones, colectivos, voluntariados y asociaciones con o sin fines de lucro, que están orientados a fines similares, pero que no ponen en evidencia alguna fuente formal de ingresos por actividad comercial o de servicios.
La actual legislación no admite empresas sociales ni híbridas, es decir, de acuerdo a ley, todas están consideradas como empresas y, por tanto, deben tributar de la misma forma. En esta situación, la mayoría de empresas sociales (emprendimientos sociales con brazo financiero) enfrentan la primera gran muralla, pues al no ser la obtención de recursos el objetivo principal mas sí el que les brinda la posibilidad de la sostenibilidad financiera, la tributación se convierte en una soga que termina por ahogar a varias de estas organizaciones.
En los últimos meses, el congresista Alberto de Belaunde ha presentado un proyecto de ley para regular las empresas de beneficio e interés colectivo. Este presenta un modelo empresarial moderno, con una visión más amplia e inclusiva, en el que no se prioriza la rentabilidad financiera sino el triple impacto: ambiental, social y económico.
Este proyecto de ley alentaría a muchos emprendedores sociales a seguir trabajando en la tareas que el Estado no tiene capacidad para realizar y, de esta forma, contribuirían de una manera más justa al desarrollo social de nuestro país.